¿Cómo sería nuestra vida si cada calle, cada parque, cada
espacio que compartimos fuera cuidado por todos, y tuviera las mejores
condiciones? Dignificar los espacios públicos, ¿no nos dignifica como sociedad
pero también como individuos? Tanto ciudadanos como servidores públicos debemos
preguntar si no aumentaría nuestra calidad de vida el que todos fomentáramos
una cultura –con acciones permanentes y concretas- de respeto al bien público.
¿No es ahí donde comienzan muchos de nuestros problemas y
por tanto donde pueden surgir sus soluciones? ¿Qué se enseña si los bienes
públicos –comenzando por calles, plazas y parques- se degradan y abandonan? ¿No
es la vida comunitaria la que se degrada? Desde luego es tarea de los gobiernos
en sus diferentes niveles organizar y administrar los fondos con honradez e
inteligencia para preservar y mejorar los espacios y bienes que son de todos,
pero también es responsabilidad de cada ciudadano, en la medida de sus
posibilidades, el exigir y demandar a sus servidores públicos que obren a favor
de su desarrollo.
En una época de mercantilización, los parques son esas islas
de gratuidad que nos recuerdan que no todo se vende y se compra. En una
sociedad marcada por sus contradicciones, los parques son espacios a los que
todos podemos acceder y donde se practica la equidad.
El parque, la plaza o la calle es sólo el ejemplo o la
metáfora de otros espacios y bienes públicos que deben preservarse, como áreas
verdes, reservas protegidas y en general el medio ambiente que es el hogar de
una diversidad de animales y plantas pero además el pulmón del que respiramos
los seres humanos. El efecto tan nocivo de la contaminación que se produce por
los entornos urbanos y fenómenos como el calentamiento global debe obligar a
pensar el desarrollo urbano no en torno al automóvil privado y la construcción
desmedida sino a partir de un diseño a largo plazo que incluya el mejoramiento
del transporte público, el aumento y cuidado no sólo de parques sino de
ciclovías y áreas deportivas y culturales, y desde luego el incentivo de
soluciones sustentables y coordinadas tanto en ámbitos públicos como privados.
Sólo a partir de la transparencia y la ética pueden
establecerse políticas públicas de largo plazo y en beneficio del interés común.
La corrupción no es sólo un problema legal y moral; es un lastre para el funcionamiento
integral y el crecimiento económico de la sociedad, además de que facilita una
serie de actividades ilícitas de donde surge también la inseguridad. Por eso,
para proteger los espacios y bienes públicos se necesita resolver de tajo el
problema de la corrupción y la impunidad. Esto no sólo es posible sino urgente,
vital y necesario para la vida humana –y su pleno desarrollo en entornos seguros
y pacíficos.
No sólo nuestra ciudad; nuestro país y nuestro mundo dependen
de que podamos ejercer nuestras mejores fuerzas en defender estos tejidos de los
que se forja la comunidad, tejidos que comienzan por un parque pero se
extienden a la democracia, los derechos humanos, el acceso universal a
servicios de educación y salud de calidad, o el ejercicio imparcial de la ley. Y cuanto
mejoran las condiciones de la comunidad mejoran las posibilidades de desarrollo
de cada individuo.
Emilio Toledo M.
